Basta de encubrir a los acosadores

A la fecha son de público conocimiento los gravísimos y repudiables hechos que se le imputan penalmente al Fiscal Castro, y desde la UEJN, hemos visto como a partir de la intervención que hicieran los Senadores el día 7 de diciembre del 2016 al realizar Castro la defensa de su pliego y luego con los hechos denunciados penalmente por la ex mujer, la postura del Ministerio Publico Fiscal cambió llamativamente pasando de un estado de inacción absoluto a una lenta acción.

En el caso Castro, luego de casi 2 años –y a partir de la exposición pública de los hechos-, dispuso la apertura del sumario contra el mismo (cf. Res MP 672/17). Nos preguntamos sí, para que tomen medidas o lleven adelante los procesos que corresponden, es necesario que se ventilen públicamente los hechos tan dolorosos que las personas denunciantes sufren.

El mismo día que el expediente del Fiscal Castro ingresó en el área de la Procuradora, lo hizo el expediente del Fiscal Lega, Fiscal Federal de Río Cuarto, –denunciado por nuestra organización gremial por “abuso de autoridad, violencia y acoso laboral y sexual” contra sus empleados. Pese a la gravedad de la denuncia, de contar con dictamen favorable para el inicio del sumario por parte del área de Sumarios de la PGN, la Procuradora demoró 2 meses en disponer la apertura del sumario y lo hizo con un claro desinterés por los hechos denunciados –tal como consta en la resolución, en tanto cree que es posible que se trate de “mal genio o mal carácter” y que debe analizarse ello en función del “contexto”.

Teniendo en cuenta lo sucedido con Castro, ¿Hace falta, contar a viva voz, que el Fiscal Lega invita a sus empleadas a sentarse en su falda o que les golpea la cola con expedientes cuando pasa a su lado? ¿Qué considera que las víctimas de trata disfrutan porque en realidad son putas? ¿Que más tiene que suceder para que lo aparte o suspenda mientras se sustancia el sumario o directamente el Jury?

Otro caso paradigmático es el de la Secretaria de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, avocada a la causa “ESMA Unificada”, la Dra. Mercedes Soiza Reilly, a quien denunciamos ante la PGN el 25 de agosto del 2016 por los graves hechos de violencia y maltrato laboral que sistemáticamente -y durante cuatro años- sufrieron los trabajadores y trabajadoras por parte de Soiza Reilly.

Si bien logramos desplazar a la acosadora, la Dra. Soiza Reilly fue reasignada a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad -lo que implica que continúa trabajando en causas de Derechos Humanos, algo que se contradice a todas luces con el perfil de una persona que acosó a sus empleados y los sometió a una presión y violencia injustificables-, y a la fecha, las victimas no han sido escuchadas y el sumario administrativo no se ha iniciado formalmente.

Peor suerte corrió la denuncia presentada el 21 de abril del 2014 por nuestra organización gremial contra el Fiscal Madrea. En ella, pese al detallado relato y pruebas aportados, a los escritos ampliando y solicitando se tomen medidas, el expediente M3146/2014 no salió del cajón en que lo pusieron y nunca en estos 3 años tomaron alguna medida al respecto. 

En estas condiciones, la concurrencia diaria a trabajar genera un deterioro tanto físico como psíquico y social de varios de los agentes que dependen funcionalmente de los acosadores, convirtiéndose en un ámbito laboral claramente hostil y en una dependencia falta de justicia para quien la busque.

Resulta decepcionante ver el retroceso generado en la lucha contra el acoso laboral, máxime cuando quien lo genera se asume voz portadora de la lucha contra las peores prácticas de la “Familia Judicial”. ¿Acaso durante su gestión no hizo bandera del Acceso a la Justicia? Acceso no significa poder denunciar, sino que ésta denuncia sea tomada en cuenta, estudiada con seriedad y compromiso, y resuelta en tiempo y forma.  Hacer lo opuesto es convalidar los hechos denunciados, ser cómplices de Castro, Lega, Soiza Reilly, Madrea y cualquier otro Magistrado que realiza las mismas prácticas, es ejercer violencia institucional sobre cada una de las víctimas que se animan a denunciar pero también sobre las que no. Es revictimizarlas día y a día y reproducir mediante el silencio las peores prácticas que tiene la Justicia cuando no brinda justicia.

Por ello, con fecha 29 de mayo del corriente, le exigimos a la Procuradora General de la Nación, la Dra. Gils Carbó que arbitre con seriedad y celeridad todas las medidas tendientes a sancionar a los Magistrados denunciados, y adopte en lo sucesivo, un accionar digno de una justicia rápida, justa y soberana al alcance de quienes acuden a ella.